El próximo jueves 1º de noviembre a las 16:30, en el Auditorio del Colegio de Abogadfos, Rivadavia 318, con entrada libre y gratuita, se llevará a cabo un Seminario Intensivo sobre, “El rol del perito en Seguridad Ciudadana como medio de prueba”, organizado por el CAP a través del Área Académica con el flamante Instituto de Derecho Administrativo y Tributario y la Asociación Argentina de Justicia Institucional.

Los disertantes serán el Dr. Daniel Garibaldi (Doctor en Seguridad y Prevención –Univ. Autónoma de Barcelona), Mg. En Defensa Nacional (Esc. Defensa Nacional) y Lic. En Seguridad (Instituto Universitario de la PFA); el Dr. Federico Gallo Quintian, especialista en Dcho. Administrativo Juez en lo contencioso Administrativo del Depto. Judicial de La Matanza; el Dr. Laureano M. Casas Faiden (Abogado UBA) Secretario del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo en la Universidad de Morón, Autor de diversas publicaciones sobre Dcho. Adm. Y Dcho. Procesal Penal; y la Dra. Irma López, Abogada, Licenciada en Seguridad Ciudadana.

Además se va a realizar una Conferencia de prensa antes de la jornada con los disertantes presentes a las 16:00.

La inscripción previa para el seminario debe realizarse en [email protected] . Se entregarán certificados de asistencia. 

Reseña sobre el seminario

La utilidad de la Pericia en Seguridad Ciudadana se centra principalmente en saber si todo aquel que presta un servicio de seguridad (pública o privada) cumple con los protocolos y reglas reguladas en virtud del oficio específico que cumplen. Por ejemplo, en el caso de la policía de la provincia de Buenos Aires la Ley 13.482 llamada “Ley de unificación de las normas de organización de las policías de la provincia de Buenos Aires”. Naturalmente, estas cuestiones -al igual que el ejercicio de cualquier oficio o profesión técnica (v.gr la medicina, contaduría, etc.)- no son conocidas por el juez en tanto constituye un campo especializado necesario para ponderar adecuadamente todas las conductas y circunstancias que presenta un caso determinado. Por lo tanto, lo importante es determinar -por parte del magistrado- si se siguieron los protocolos necesarios para evitar el daño que se produjo y por el cual se está reclamando. El origen de esta pericia se remonta -por lo menos en la provincia de Buenos Aires- en su intervención primigenia a un caso relacionado a los saqueos del 19 y 20 de diciembre de 2001, en el cual, se necesitaba saber si las fuerzas de seguridad se habían adecuado a los protocolos necesarios para evitar el daño -en este caso- a un supermercado puntual (a título de ejemplo, el Fallo “Supermercados Don Pepe”, Jgdo. Cont. Adm. N° 1 De La Matanza). Un caso de actualidad, por mencionar uno conocido, es el del caso Maldonado. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, le solicitó al juez Gustavo Lleral que investigue la ilegalidad del operativo represivo de la Gendarmería del 1 de agosto del año pasado. Para que dicha pesquisa se haga efectiva, la querella solicitó que sea convocada la Universidad Nacional de Lanús “cuyo expertis es analizar los procedimientos de seguridad conforme a la normativa interna y a los estándares internacionales de proporcionalidad y racionalidad del uso de la fuerza”.
Este tipo de pericia -dado que no estaba establecida en una Acordada o Resolución como incorporada dentro de las especialidades periciales- se solicitó a una Universidad pública. Que, en este caso, fue la Universidad Nacional de Lanús, que designó a dos especialistas; uno que no concluyó su pericia y otro que sí la concluyó; y ese especialista emitió su dictamen. A partir de allí, se hizo la presentación formal, y la Suprema Corte – a través de una Acordada- incorpora esta especialidad.
El Seminario que se desarrollará en Pergamino será muy completo debido a que abordarán todas las cuestiones desde una doble óptica o enfoque; desde el punto de vista de lo contencioso administrativo (especialmente referido a la responsabilidad de daños y perjuicios proveniente del accionar policial); y desde el punto de vista de la responsabilidad penal de los agentes de seguridad (sean públicos o privados). Está dirigido a jueces, fiscales, defensores, abogados, agentes de seguridad (pública y privada).